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Por primera vez en la historia, los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) fueron elegidos por voto popular. Sin embargo, el proceso dejó al descubierto que varios de los nuevos impartidores de justicia tienen vínculos cercanos a personajes influyentes de Morena o antecedentes cuestionados por corrupción, tortura o violencia vicaria.
Entre los nuevos magistrados destaca María Fernanda González Nahle, sobrina de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; Óscar Medina Alonso, cercano a la Fiscalía capitalina; y Zeila Pérez Herrera, excolaboradora de Clara Brugada en Iztapalapa. También fueron electos perfiles señalados por irregularidades graves, como Carmen Alejandra Lozano, denunciada por tortura; Miguel Morales Monter, implicado en casos de violencia vicaria; y Erick Martín Salas, acusado de acoso en Gobernación.
A pesar de los señalamientos, ninguno de estos casos frenó sus candidaturas ni su llegada al Poder Judicial local.
Además, el proceso reflejó prácticas de nepotismo, con magistrados y jueces que impulsaron a familiares o cónyuges a participar en la contienda, aunque sin éxito.
La elección judicial capitalina se saldó con una participación ciudadana inferior al 15% y más dudas que certezas sobre el verdadero objetivo de esta reforma: ¿democratización o captura política del Poder Judicial local?