Para todos los países del mundo, el sector energético es un tema estratégico que se trata con extrema cautela, ya que es la base para impulsar la industria, el comercio y la economía de cada nación. En México, con la llegada de un gobierno soberanista en 2018, la industria petrolera se comenzó a reconsiderar como uno de los pilares del Estado mexicano, que debía ser rescatada y protegida ante la amenaza de los grandes capitales extranjeros. PEMEX, la cara viva del sector, entró en un proceso de cambio estructural que hasta la fecha se ha visto interrumpido por la falta de voluntad política para desarticular los principales vínculos de corrupción al interior de la paraestatal, lo que ha producido una falta de operatividad, endeudamiento e incapacidad de convertirse en una empresa verdaderamente productiva.
Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que PEMEX tiene mucha vida por delante, tanto en producción de petróleo, refinación y gas, la realidad es otra. La empresa cuenta con un presupuesto anual para 2025 de 361,985 millones de pesos (10% menos que el año anterior), de los cuales se han gastado en el primer trimestre 103,300 millones de pesos, cantidad que pone en aprietos las finanzas de la empresa. A esto se suma la monumental deuda de 405,000 millones de pesos que debe a proveedores y la baja productividad de 1.615 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos, en comparación con 2024, cuando se cumplió la meta de 1.800 millones de barriles diarios en el primer trimestre.
Este impago a proveedores clave ha generado incertidumbre y asfixia sus finanzas, ya que en su mayoría son pymes y no cuentan con el capital para subsanar los gastos operativos. La presidenta ha reconocido que el esfuerzo por sanear las finanzas de PEMEX radica en eliminar las malas prácticas, los sobrecostos y fomentar la transparencia en los contratos.
La COPARMEX señaló que “más allá del origen, el impacto de no atender con urgencia estos adeudos está comprometiendo la viabilidad de miles de negocios”. Si bien se han pagado 147 mil millones de pesos, el esfuerzo no ha sido suficiente y continúa comprometiendo la supervivencia de las empresas pequeñas y medianas.
Este problema no es aislado: la empresa más importante del Estado está plagada de corrupción e ineficiencia, y su rescate ha sido un fracaso costoso para las arcas mexicanas. No se visualiza una pronta solución, más que la intervención de capital privado que dinamice y transforme la estructura de la paraestatal.