En respuesta al alarmante crecimiento de la extorsión en el país y su uso sistemático por parte del crimen organizado, el Poder Ejecutivo presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca homologar su tipificación y sanción a nivel nacional, elevándola a la categoría de delito de alto impacto.
La propuesta plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a emitir, en un plazo de 180 días, una ley general que armonice los tipos penales y las sanciones aplicables a este delito, actualmente dispersos en los códigos penales federal y estatales.
Una tipificación desigual y poco efectiva
La diversidad normativa actual ha sido un obstáculo en el combate eficaz contra la extorsión. Mientras el promedio de penas en el país va de 4 años con 6 meses a 12 años, en entidades como Oaxaca el castigo apenas alcanza de 1 a 3 años, y en Chihuahua puede llegar hasta 30. Las multas también varían drásticamente: desde 36 mil pesos en estados como Chiapas y Sinaloa, hasta 691 mil en Coahuila.
La falta de uniformidad no solo afecta la procuración de justicia, sino que favorece la impunidad, según lo expuesto en la iniciativa. El documento reconoce que la respuesta institucional ha sido “insuficiente en todos los órdenes de gobierno”, a pesar de que se trata de un ilícito utilizado de manera sistemática por grupos delictivos para financiarse, controlar mercados y coaccionar tanto a civiles como a autoridades.
La extorsión como herramienta de dominio criminal
La iniciativa advierte que la extorsión ha dejado de ser un delito aislado o de bajo impacto para convertirse en una práctica generalizada que socava la seguridad colectiva. Afecta a comerciantes, empresarios, trabajadores y hasta a funcionarios públicos, pues las amenazas no sólo buscan dinero, sino también control territorial, manipulación económica y poder político.
Además, destaca que la extorsión suele ser la antesala de otros delitos más violentos, y permite al crimen organizado expandir su influencia dentro y fuera de las instituciones.
Un crecimiento alarmante
De acuerdo con los datos presentados, en 2018 se registraba una tasa diaria de 18.89 amenazas por extorsión, cifra que aumentó a 29.77 en enero de 2025: un crecimiento del 57.62% en seis años. Tan solo en 2024, cuatro estados —Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León— concentraron el 61.8% de las víctimas. El Estado de México, de manera particular, acumuló el 33.1% de los casos reportados a nivel nacional.
Hacia una legislación unificada
La reforma busca que la futura ley general permita una coordinación efectiva entre la Federación y los estados, y que las autoridades cuenten con herramientas legales para actuar con rapidez ante los esquemas complejos de extorsión. Se espera también que se garantice la atención integral a las víctimas, no solo desde una óptica penal, sino también con mecanismos de protección y reparación.
Conclusión: La propuesta presidencial representa un intento por cerrar la brecha legal que ha convertido a la extorsión en un delito de alto rendimiento y bajo riesgo para el crimen organizado. Si bien la iniciativa avanza en la dirección correcta, su eficacia dependerá del compromiso político del Congreso y de la voluntad de las entidades federativas para aplicar una legislación realmente uniforme. La urgencia es evidente: la extorsión ya no es un delito periférico, es un mecanismo de control social y económico que amenaza la gobernabilidad misma.