Durante meses, Gonzalo “Bobby” López Beltrán solía repetir en privado que se había apartado de la política para concentrarse en los negocios. “Cuando estás en los dos, vienen los problemas”, comentaba a su entorno cercano, en un año marcado por los escándalos públicos que rodearon a su hermano Andrés Manuel López Beltrán.
Sin embargo, el accidente del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el domingo y que dejó 13 personas fallecidas, colocó también al hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador bajo escrutinio público.
Gonzalo López Beltrán fue nombrado supervisor de la obra ferroviaria y su nombre comenzó a circular tras revelarse presuntos vínculos con proveedores de balastro, material clave para la estabilidad de las vías. Este lunes, el diario Grupo Reforma señaló la relación entre López Beltrán y Pedro Salazar, proveedor de dicho insumo.
Desde el entorno del propio Gonzalo se sostiene que el balastro entregado cumplía con los estándares técnicos y que el problema se originó posteriormente. Según esa versión, parte del material habría sido sustraído dentro de la Secretaría de Marina —institución responsable de la obra civil inaugurada en 2023— y sustituido por insumos de menor calidad, lo que explicaría el descarrilamiento.
“El balastro empezó a escasear; en la Marina lo detectaron y lo vendieron por fuera. El problema es de ellos”, señalan fuentes cercanas a López Beltrán, quien en años previos coordinó tareas políticas de Morena en el Estado de México.
Las acusaciones vuelven a colocar bajo la lupa al almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio anterior, cuya imagen ya había sido erosionada por investigaciones relacionadas con presuntas redes de huachicol vinculadas a familiares políticos.
La interrogante central que circula en el gobierno federal es clara: ¿cuál fue el origen real del balastro utilizado en el Tren del Istmo? En el caso del Tren Maya, el propio López Obrador reconoció en 2022 la contratación de una empresa del gobierno cubano como proveedora, un antecedente que vuelve a alimentar cuestionamientos.
La falta de información pública complica la verificación de los hechos. Al tratarse de una obra construida por la Marina, gran parte de los contratos y procesos se mantienen bajo el resguardo de la figura de “seguridad nacional”.
El accidente también toca una fibra sensible en la relación con Estados Unidos. Desde la administración de Joe Biden se impulsó una fuerte participación de empresas estadounidenses en el Corredor Interoceánico, concebido como una alternativa logística entre el Pacífico y el Golfo de México, y se pidió limitar la presencia de capital chino. Ojeda Durán viajó al menos en dos ocasiones a Washington para ofrecer garantías a potenciales inversionistas.
Para el entorno del expresidente Donald Trump, el corredor sigue siendo estratégico, en un contexto en el que Estados Unidos busca reforzar su influencia sobre rutas comerciales clave, tras su reciente ofensiva por recuperar control en el Canal de Panamá.
En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que habrá reparación integral del daño para las víctimas del accidente, conforme a los peritajes y a los seguros correspondientes. La Fiscalía General de la República abrió las carpetas de investigación y analiza la información de la caja negra del tren, mientras que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario elabora su dictamen técnico.
De acuerdo con información oficial, 36 personas continúan hospitalizadas en distintos centros médicos del país. El gobierno federal informó que se otorgó un apoyo inmediato de 30 mil pesos a cada familia afectada y que se asignó un servidor público para el acompañamiento permanente de las víctimas.