El transportista poblano Samuel Méndez acusó que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) pretende revocarle dos concesiones como represalia por haber participado en una manifestación para exigir el aumento al pasaje del transporte público. “En lugar de atender nuestras peticiones conforme a derecho, responden con procedimientos de revocación. Bastó con que acudiéramos a una protesta para que me notificaran los procesos”, aseguró en entrevista con e-consulta.
Méndez recordó que en noviembre pasado se unió a una protesta organizada por transportistas durante la administración de Sergio Salomón Céspedes. A partir de esa participación, dijo, la SMT inició un procedimiento en su contra argumentando que dos de sus unidades habrían sido usadas en la movilización. Sin embargo, asegura que nunca fue notificado hasta el 14 de agosto de este año. Ante ello, acudió junto con otros 30 transportistas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH) para denunciar lo que consideran malos tratos y presiones de la dependencia estatal.
Como vocero de la Unión de Transportistas del Estado de Puebla, Méndez señaló que el gremio ha solicitado en repetidas ocasiones una revisión de la tarifa, un diálogo sobre el reordenamiento de RUTA y la revisión de infracciones que califican como arbitrarias. Además, criticó que se impongan medidas como la revista vehicular sin consultar a los concesionarios. “Pedimos que se respeten nuestros derechos humanos y el derecho de petición, garantizados por la Constitución y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, enfatizó.
El concesionario advirtió que no es el único en riesgo: concesiones de la Ruta JBS Morados también habrían sido sujetas a procedimientos similares, lo que refuerza la percepción de que se trata de una estrategia de presión contra el sector.
Méndez fue más allá al señalar que los transportistas sospechan que la revista vehicular podría usarse como pretexto para retirar rutas y sustituirlas por un Cablebús operado por empresas foráneas, como ocurrió con la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA). Incluso pidió que se realice una consulta pública para preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo con el gasto que implicaría esta obra, cuyo costo para una primera línea podría superar los 5 mil millones de pesos, según estimaciones de e-consulta.
El empresario criticó el trato desigual hacia el gremio frente al sistema RUTA, que recibe subsidios y menos supervisión. “Durante la pandemia al gobierno le importó garantizar a RUTA su subsidio, mientras que a nosotros nos sancionaban. Yo quiero saber cuántos reportes o infracciones le han levantado a RUTA y cuántas de sus unidades han pasado la revista”, cuestionó. También recordó que la recién construida Línea 4 cobra 20 pesos por viaje en su troncal, mientras que las rutas tradicionales continúan con una tarifa de 8.5 pesos, cuando en sus cálculos el cobro tendría que ser cercano a los 19 pesos para garantizar rentabilidad.
Concesionarios poblanos piden “piso parejo” y advierten que las sanciones, los procesos de revocación y la imposición de proyectos como el Cablebús ponen en riesgo la estabilidad del transporte público local, mientras crece el descontento entre los choferes y empresarios del sector.