El 28 de septiembre pasado, se presentó en Puebla el Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico: “Fue el Estado” (1965-1990), por Abel Barrera Hernández y Al-Dabi Olvera Castillo. Entre los datos más relevantes, el informe señala que Puebla es el estado con el mayor número de víctimas en masacres, destacando las ocurridas en Monte de Chila y Rancho Nuevo. Además, Puebla ocupa el séptimo lugar en desplazamientos forzados durante el periodo estudiado.
Ante estos hechos, es necesario preguntarnos: ¿qué impacto puede tener este informe? Y, sobre todo, ¿qué sigue para Puebla? Existen precedentes internacionales que pueden servirnos como guía. En Argentina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en 1983, fue crucial para enjuiciar a las juntas militares en 1985. En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada tras el apartheid, permitió que víctimas y perpetradores testificaran en audiencias públicas, promoviendo la reconciliación mediante la verdad. Por otro lado, Sierra Leona, tras una brutal guerra civil, implementó su propia comisión (2002-2004), cuyos hallazgos sobre las raíces del conflicto contribuyeron tanto a la reparación de las víctimas como al enjuiciamiento de los responsables.
En México, si bien ha habido intentos y discusiones sobre justicia transicional, aún falta un debate firme y una implementación sólida a nivel institucional. No obstante, los esfuerzos recientes para abordar las desapariciones y violaciones a los derechos humanos en el país podrían marcar el inicio de un cambio sustancial.
En este contexto, el colectivo Semilla ha lanzado una petición a través de la plataforma change.org titulada «Por la Verdad, Justicia y Memoria en Puebla: Creación de la Comisión de la Verdad (CVJM)», solicitando al Congreso de Puebla y al gobernador electo una serie de acciones clave:
- Justicia y memoria: La creación de una Comisión de la Verdad y una Fiscalía Especializada para investigar y reparar las violaciones a los derechos humanos, garantizando que los responsables no puedan ocupar cargos públicos.
- Reparación simbólica y educativa: Cambiar el nombre de espacios públicos vinculados a represores y promover la educación en derechos humanos en todos los niveles educativos.
- Reconocimiento y perdón público: Solicitan actos de perdón por parte del gobierno
El gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, y el Congreso Local, emanados de la coalición «Sigamos Haciendo Historia en Puebla», tienen en sus manos la oportunidad de «dar voz a los ecos de justicia, verdad y memoria». Como él mismo mencionó durante un evento de Morena el pasado 11 de octubre, «sin memoria no hay futuro». Es momento de tomar decisiones firmes para erradicar la impunidad, fortalecer la democracia y reparar a las víctimas. Solo así podremos afirmar con contundencia en Puebla: ¡Nunca más!
