La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una reforma constitucional para prohibir la reelección y el nepotismo en la elección de cargos públicos. Sin embargo, en lugar de generar un debate sincero sobre la pertinencia de la reelección y la condena del nepotismo, la discusión pública se ha visto inundada por un sinfín de opiniones simplistas que reducen la funcionalidad de la reelección y banalizan el nepotismo, como si fuera una práctica exclusiva de familias y no de grupos de poder.
Para comenzar, considero necesario separar la reelección del nepotismo en el debate, pues la reelección es una figura jurídica utilizada por diversas democracias en el mundo, ya sean parlamentarias, presidenciales o híbridas.
No obstante, en México y América Latina, ha sido históricamente mal vista debido a su uso perverso para la perpetuación en el poder. En contraste, en países como Canadá, Estados Unidos o Alemania, la reelección es una práctica aceptada e incluso aplaudida, pues permite la continuidad de los gobiernos y el fortalecimiento institucional.
En nuestro país, tras la dictadura de Porfirio Díaz, la Constitución de 1917 prohibió de manera tajante la reelección en todos los cargos públicos. Sin embargo, la dinámica de la lucha armada llevó rápidamente a la concentración del poder en el Grupo Sonora, que simuló la alternancia con Álvaro Obregón (1920-1924) y Plutarco Elías Calles (1924-1928). Este esquema se mantuvo hasta que Obregón modificó la Constitución para postularse nuevamente a la Presidencia de la República, una reelección frustrada por su asesinato en el restaurante La Bombilla en la Ciudad de México.
Por su parte, Plutarco Elías Calles comprendió que la reelección en México era políticamente inviable y optó por un esquema de simulación del poder conocido como «El Maximato». Durante este período, Calles ejerció un control indirecto sobre la presidencia mediante la imposición de sucesores. En este mismo contexto, se amplió el periodo presidencial a seis años y se prohibió de manera absoluta la reelección, un principio que ha sido respetado a cabalidad y que constituye uno de los grandes dogmas del sistema político mexicano.
Durante todo el siglo XX y principios del XXI, México mantuvo estrictamente la prohibición de la reelección, aunque, paradójicamente, se permitió la existencia de múltiples prácticas nocivas para la democracia, como el dedazo, el compadrazgo, el cacicazgo y el nepotismo, todas ellas parte de un sistema que en la práctica simulaba cambios, pero perpetuaba estructuras de poder de dominación política.
En 2014, se aprobó una reforma constitucional que permitió la reelección de legisladores hasta por 12 años consecutivos y la de presidentes municipales hasta seis. Esta reforma se justificó bajo los argumentos de garantizar la continuidad de políticas públicas, generar una carrera política para profesionalizar a los servidores públicos y fortalecer el vínculo entre los legisladores y sus representados.
Sin embargo, a una década de su implementación, la reelección no ha producido los resultados esperados. Esto no se debe a la figura en sí misma, sino a una cultura política basada en la simulación, donde el objetivo no es mejorar la representación democrática, sino perpetuar y concentrar el poder. Si bien la reforma permitió que algunos legisladores consolidaran sus carreras políticas, esto no se tradujo en una mejora de la práctica parlamentaria, ni garantizó legisladores más independientes del Poder Ejecutivo o de sus partidos políticos. De hecho, en muchos casos, la reelección se limitó a beneficiar a grupos de poder dentro de las burocracias partidistas.
En este contexto, podríamos prohibir la reelección, aunque, personalmente, considero más útil fortalecer los mecanismos de acceso a ella. Aun así, nada funcionará mientras no se combata la detestable práctica de la simulación política en México.