Un grupo de activistas del Colectivo Metropolitano en Defensa del Medio Ambiente y el Agua ha emitido un comunicado dirigido a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de México, y al Dr. Alejandro Armenta Mier, Gobernador Electo del Estado de Puebla, en el que expresan su preocupación ante la creciente crisis ambiental y la defensa de los derechos de ejidatarios y comuneros en la región metropolitana de Puebla.
El colectivo, compuesto por ciudadanos de municipios como Puebla, Santa Clara Ocoyucan, San Andrés Cholula, Atlixco, Coronango, Cuautlancingo y Amozoc, denuncia los efectos devastadores de la expansión inmobiliaria desmedida que afecta tanto al medio ambiente como a la distribución del agua en la región. Según los activistas, el despojo de tierras a ejidatarios y la destrucción de bosques y áreas naturales están siendo impulsados por poderosos grupos inmobiliarios que cuentan con el respaldo de funcionarios públicos corruptos.
Despojos de Tierras y Crisis Ambiental
El colectivo recuerda que desde 1992, con la expropiación de tierras en San Andrés Cholula, se dio inicio a un proceso de urbanización que, lejos de cumplir con el objetivo de generar vivienda popular, ha desembocado en una expansión descontrolada de fraccionamientos de lujo. Estos proyectos inmobiliarios no solo han ignorado las normativas ambientales y urbanísticas, sino que también han destruido valiosos ecosistemas, afectando a más de 300 especies de flora y fauna.
Ejemplos de esta crisis se observan en diversas comunidades, como el municipio de Coronango, donde los residentes enfrentan graves problemas de agua y carecen de áreas verdes adecuadas. En Santa Clara Ocoyucan, se ha denunciado el despojo ilegal de 87 hectáreas de ejidatarios en la localidad de Santiago Colzingo, llevado a cabo por el grupo inmobiliario PROYECTA, encabezado por Rafael Posada Coeto, quien, a pesar de haber sido sancionado por la SEMARNAT, sigue adelante con sus proyectos.
En Atlixco, la falta de regulación en el sector inmobiliario ha dado lugar a un crecimiento desordenado, acompañado de la escasez de agua en las comunidades más alejadas y la contaminación de los mantos freáticos y los campos de cultivo.
Ante esta situación, el Colectivo Metropolitano solicita la intervención de los gobiernos federal, estatal y municipal para frenar la expedición de permisos de cambio de uso de suelo y las autorizaciones de la SEMARNAT y PROFEPA en las áreas afectadas. También exigen la realización de un estudio integral por parte de un equipo multidisciplinario para establecer reservas naturales protegidas en las cordilleras de la región.
Además, piden justicia para los ejidatarios y comuneros que han sido despojados de sus tierras mediante prácticas legales fraudulentas y corrupción. Solicitan que se lleve a cabo una audiencia para estudiar cada caso y buscar soluciones que permitan la reconstrucción del tejido social, promoviendo la recuperación de áreas verdes, campos deportivos, escuelas y la mejora de la movilidad urbana.
El Colectivo Metropolitano subraya que su lucha no solo busca la protección de los recursos naturales, sino también garantizar el derecho humano al acceso al agua potable para todas las familias, especialmente para las más vulnerables de la zona metropolitana de Puebla. La creciente presión sobre los recursos hídricos, causada en gran parte por la expansión inmobiliaria, amenaza la calidad de vida de miles de personas y agrava la crisis ambiental que afecta a la región.
Con este llamado, los activistas buscan generar conciencia sobre la urgencia de actuar para proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades ante el avance de un modelo de desarrollo que, según afirman, favorece a unos pocos en detrimento del bienestar colectivo y la sustentabilidad del territorio.