 solicitó al Estado mexicano informes sobre la reforma judicial a petición de la Jufed, representada por la jueza Juana Fuentes Velázquez, quien advirtió que la elección popular de jueces y otros métodos de selección comprometen la independencia judicial al permitir influencias externas, como partidos políticos y el crimen organizado. La introducción de un sistema de “tómbola” para asignar jueces fue calificada de opaco y sin garantías de calidad. Durante una audiencia, juezas como Claudia Elena Hurtado señalaron que la reforma afecta la brecha de género, mientras que Carlos Bernal la consideró un “abuso del constitucionalismo” que busca debilitar contrapesos. La comisionada Andra Pochak criticó la falta de un diagnóstico previo. El gobierno, representado por Luz Baños y José Antonio Montero, mencionó estudios previos, pero enfrentó cuestionamientos sobre la influencia partidista. La CIDH podría escalar el conflicto a la Corte Interamericana si no se resuelve a nivel nacional.){kind=link}
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Estado mexicano informes sobre la reciente reforma judicial, a petición de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de México (Jufed), representada por la jueza Juana Fuentes Velázquez. La Jufed también instó a designar un comisionado que supervise los procesos de selección de jueces, magistrados y ministrados del Poder Judicial. Durante una audiencia ante la CIDH, se plantearon preocupaciones sobre el impacto de esta reforma, en especial la elección popular de jueces y sus métodos de selección, los cuales, según Fuentes Velázquez, ponen en riesgo la independencia judicial al permitir posibles influencias externas, incluyendo partidos políticos y crimen organizado.
Uno de los puntos más polémicos destacados fue la introducción de un sistema de “tómbola” para asignar jueces y magistrados, considerado por Fuentes Velázquez como opaco y falto de garantías para seleccionar a los mejores candidatos con experiencia adecuada. En el plano nacional, la jueza subrayó que tras la desestimación de acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos partidos, los juicios de amparo son el principal recurso disponible para impugnar la reforma. Este mecanismo ofrece una vía para que los miembros del Poder Judicial cuestionen los actos derivados de la reforma.
La CIDH expresó su preocupación por los riesgos asociados a la reforma. Juezas y magistradas, como Claudia Elena Hurtado, advirtieron que la medida afecta negativamente a la reducción de la brecha de género y a la estabilidad en la carrera judicial. Por su parte, Carlos Bernal, comisionado colombiano, calificó la reforma como un “abuso del constitucionalismo” al buscar desmontar contrapesos en el gobierno. En la misma línea, la comisionada Andra Pochak cuestionó la ausencia de un diagnóstico que justificara la reforma y su exclusión de las fiscalías.
El gobierno, representado por la embajadora Luz Baños y José Antonio Montero, argumentó que se han realizado estudios desde 2017 para reformar el sistema, aunque no ofrecieron detalles sobre los comités de postulación, lo que generó críticas de la magistrada Emilia Molina sobre la posible influencia partidista. Este proceso ha puesto de manifiesto tensiones respecto a la independencia judicial, la transparencia y el posible impacto de factores externos en la selección de jueces. Aunque la CIDH busca un enfoque conciliador, Fuentes Velázquez advirtió que, si no se resuelve el conflicto a nivel nacional, podría escalarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.