 presentó dos acciones de inconstitucionalidad contra el estado de Puebla por la reforma al artículo 480 del Código Penal, que tipifica el delito de “ciberasedio”. La CNDH sostiene que la norma, aprobada en junio de 2025, es ambigua al sancionar conductas digitales como “vigilar”, “hostigar” u “ofender”, lo que representa un riesgo de censura y violación a la libertad de expresión. Además, critica que no exija probar la intención de dañar y que sea redundante frente a leyes federales. La medida ha sido señalada por periodistas y organizaciones como una “Ley Mordaza 2.0”, mientras que el PAN en Puebla respalda la impugnación. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá decidir si anula la norma, lo que podría marcar un precedente relevante en la defensa de la libertad de expresión digital en México.){kind=link}
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha iniciado un desafío legal contra el estado de Puebla, presentando dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La CNDH cuestiona la legalidad del artículo 480 del Código Penal local, que tipifica el delito de «ciberasedio», argumentando que su redacción es ambigua y representa una amenaza a la libertad de expresión en el entorno digital.
La reforma, aprobada en junio de 2025, castiga con penas de seis meses a tres años de prisión conductas digitales como «vigilar», «hostigar» u «ofender». Aunque fue impulsada para proteger a víctimas de la violencia digital, la CNDH y diversos expertos en derechos humanos han criticado la norma por su falta de precisión. Los términos vagos podrían permitir que la ley sea utilizada de manera arbitraria para censurar opiniones y críticas, dejando la interpretación en manos de jueces y ministerios públicos.
Las acciones de inconstitucionalidad, presentadas el 14 de julio y el 11 de agosto, se centran en la violación del principio de legalidad, que exige que las leyes penales sean claras. La CNDH argumenta que la norma poblana es redundante con leyes federales ya existentes y, lo que es más crítico, que no requiere la prueba de la intención de dañar (dolo). Esto significa que una persona podría ser sancionada por una acción que, sin intención, fuera percibida como ofensiva, erosionando así los fundamentos del derecho penal.
Este debate legal ha resonado en la esfera política y social. El Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla ha manifestado su apoyo a la CNDH, coincidiendo en que la ley pone en riesgo la libertad de expresión. Al mismo tiempo, organizaciones civiles y periodistas han catalogado la medida como una «Ley Mordaza 2.0», advirtiendo que podría convertirse en una herramienta para silenciar a voces críticas en redes sociales.
El destino del artículo 480 está ahora en manos de la SCJN. El fallo que emita la Corte podría anular la norma, sentando un precedente importante a favor de la libertad de expresión digital. Este escenario representaría una victoria para quienes abogan por un espacio digital donde las personas puedan expresarse con certeza jurídica, sin el temor de ser criminalizadas por la ambigüedad de la ley.