La segunda audiencia judicial contra Nicolás Maduro concluyó en Estados Unidos sin que el juez emitiera una decisión sobre quién deberá financiar su defensa legal, uno de los puntos centrales del proceso.
El juez federal Alvin Hellerstein dejó pendiente la resolución sobre el uso de fondos vinculados al gobierno venezolano, los cuales permanecen bloqueados por sanciones estadounidenses, lo que impide por ahora que el exmandatario cubra los honorarios de sus abogados.
Durante la audiencia, la defensa argumentó que existen recursos disponibles fuera del sistema estadounidense para costear el proceso, mientras que la fiscalía sostuvo que permitir el acceso a esos fondos podría contradecir el régimen de sanciones impuesto por Washington.
El magistrado también descartó, por el momento, desestimar el caso, lo que mantiene vigente el proceso penal contra el exgobernante venezolano y su esposa, Cilia Flores, ambos acusados de delitos relacionados con narcotráfico y conspiración.
En el plano jurídico, el juez consideró que Maduro no representa actualmente una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a que permanece detenido en territorio estadounidense, aunque subrayó que el caso tiene características complejas y de alto impacto.
La audiencia, de carácter preliminar, forma parte del proceso que definirá las condiciones del juicio, incluyendo la representación legal y el acceso a recursos, aspectos que podrían influir en el desarrollo del caso en las próximas semanas.