El debate sobre la regulación del transporte de carga en la capital volvió a encenderse tras la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, que dejó más de 20 personas muertas y decenas de heridos. La tragedia ocurrió apenas ocho días después de que el diputado Diego Orlando Garrido López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, presentara una iniciativa para fijar horarios diferenciados de circulación para este tipo de vehículos.
“Bombas en movimiento”
El legislador planteó modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local para facultar a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) a establecer restricciones. En entrevista con Infobae México, aseguró que los camiones pesados y pipas que transportan materiales peligrosos son “verdaderas bombas en movimiento” que conviven a diario con familias y estudiantes.
Su propuesta contempla que los vehículos de carga transiten únicamente entre las 22:00 y las 05:00 horas, cuando la ciudad se encuentra menos activa. “Se trata de proteger la vida y la tranquilidad de quienes solamente quieren llegar a sus trabajos o llevar a sus hijos a la escuela sin compartir el camino con estos riesgos”, explicó.
Críticas a los protocolos
Garrido calificó como insuficiente la propuesta de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, de establecer un protocolo para la circulación de unidades con hidrocarburos o sustancias peligrosas. “No se va a resolver con protocolos administrativos. Son parches temporales. Lo que se necesita es una ley clara que prohíba su paso cerca de hogares, escuelas y hospitales mientras la ciudad está despierta”, sostuvo.
El legislador denunció además que las medidas adoptadas tras accidentes previos suelen relajarse con el tiempo. Por ello, considera necesario “blindar el derecho a caminar y moverse por la ciudad sin temores” mediante reformas legales permanentes.
Parlamento abierto y consenso
El panista señaló que su propuesta incluye la instalación de un parlamento abierto con transportistas, empresarios y organizaciones como la CONACO, a fin de conciliar la seguridad ciudadana con la operatividad económica. “No se busca afectar la economía, sino crear un equilibrio donde el peligro no esté por encima de la vida de las personas”, dijo.
También subrayó la importancia de revisar aspectos poco visibilizados, como las condiciones laborales de los choferes, la vigencia de los seguros de las unidades y la vigilancia sobre empresas que transportan materiales peligrosos.
Iniciativa congelada
A pesar de la urgencia del tema, la propuesta permanece detenida en comisiones legislativas. Garrido acusó a la bancada de Morena de mantenerla congelada, a pesar de que la ley obliga a dictaminar en un plazo máximo de diez días. “No podemos esperar a que ocurra otra tragedia para reformar la ley. Si hay voluntad, se pueden prevenir muchas desgracias”, concluyó.