.){kind=link}
El caso fiscal más mediático de la última década en México entra en su fase decisiva. El empresario Ricardo Salinas Pliego deberá liquidar, a más tardar este viernes 23 de enero de 2026, un adeudo fiscal por 51 mil millones de pesos, de acuerdo con notificaciones oficiales del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La deuda corresponde a conceptos de Impuesto sobre la Renta (ISR), actualizaciones, recargos y multas acumuladas desde hace más de diez años, y ha sido ratificada tras un prolongado proceso judicial que incluyó recursos de amparo y controversias resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De no realizarse el pago dentro del plazo establecido, el caso podría escalar de una disputa administrativa a un proceso penal por defraudación fiscal, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. El artículo 108 de dicho ordenamiento prevé penas de entre tres y nueve años de prisión cuando el monto defraudado supera los límites máximos fijados por la ley, como ocurre en este caso.
Además del frente penal, el SAT se encuentra facultado para iniciar de manera inmediata el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), que contempla el embargo de cuentas bancarias, bienes inmuebles y activos empresariales, así como la posible intervención de flujos financieros de compañías pertenecientes al Grupo Salinas, entre ellas Grupo Elektra y TV Azteca, con el objetivo de garantizar el cobro del adeudo.
A través de redes sociales, Salinas Pliego ha señalado que está dispuesto a pagar siempre que exista “claridad y justicia” en el proceso; sin embargo, el Gobierno federal ha sostenido que el caso debe resolverse conforme a la ley y sin tratos preferenciales. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que el cumplimiento fiscal es obligatorio para todos los contribuyentes, independientemente de su poder económico.
Especialistas en derecho fiscal señalan que, aunque los delitos fiscales permiten la extinción de la acción penal si el adeudo se cubre antes de que exista una sentencia definitiva, el vencimiento del plazo coloca al empresario en un escenario jurídico de alto riesgo.
El desenlace de este caso será observado con atención tanto por el sector empresarial como por la opinión pública, ya que podría sentar un precedente histórico en materia de recaudación y combate a la evasión fiscal en México.