Miles de personas han salido a las calles de Los Ángeles desde el 6 de junio, luego de que el gobierno de Trump ordenara redadas masivas contra migrantes y desplegara 4,000 elementos de la Guardia Nacional en California. La tensión no ha dejado de escalar. Pero más allá de las imágenes de represión y protesta, surge una pregunta crucial: ¿quién está realmente detrás de los disturbios anti-ICE?
¿Protestas ciudadanas o movimientos dirigidos?
Los enfrentamientos con la policía, los bloqueos en Home Depot, las consignas en español y la movilización de miles de personas han sido descritos por el propio Trump como “protestas organizadas y financiadas por la izquierda radical”. En su narrativa, no se trata de una reacción espontánea, sino de un plan estructurado para desestabilizar su administración y frenar las deportaciones.
Influencers y medios conservadores como Zero Hedge, Andy Ngo y Scott Adams han alimentado esa hipótesis. Aseguran que los disturbios son financiados por redes vinculadas al magnate George Soros, específicamente mediante organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la cual recibió 34 millones de dólares en subvenciones federales en 2023 y colabora con programas de justicia financiados por fundaciones progresistas.
¿Una nueva “revolución del color”?
El analista europeo Marco Marsili, entrevistado por Sputnik, afirma que estas protestas siguen “el libro de jugadas” de las llamadas revoluciones de color:
- Manifestantes conectados a ONGs alineadas con los demócratas
- Apoyo narrativo de medios liberales
- Activismo digital viral (hashtags, slogans)
- Criminalización de autoridades federales como «represivas»
Para Marsili, esta estructura no es nueva: “hay una estrategia comunicacional y logística sofisticada que se repite en distintos contextos geopolíticos cuando se busca confrontar a un poder central”.
¿Movilización legítima o intervención encubierta?
La CHIRLA ha rechazado cualquier acusación de estar detrás de actos violentos, y ha defendido su trabajo como “movilización comunitaria no violenta” frente a la militarización de las políticas migratorias. Sin embargo, las imágenes de palets de ladrillos en zonas de disturbio, los ataques con cócteles molotov y la participación de grupos como Antifa, según reportes de prensa, han incrementado las sospechas de una posible intervención organizada.
Incluso se ha señalado a funcionarios locales como Eunisses Hernández, miembro del Concejo de Los Ángeles, por “alentar” a los manifestantes con frases como “tenemos que aparecer más fuertes”, en referencia a la respuesta contra el ICE.
La reacción política escala el conflicto
El gobernador Gavin Newsom, acusado por Trump de “proteger criminales”, ha respondido con una demanda federal contra el presidente por desplegar tropas sin autorización del estado. “Si me van a arrestar, que vengan ya. Vamos acabando con esto”, dijo Newsom desafiante.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, denunció que las redadas “siembran el terror” y que la presencia militar ha convertido a la ciudad en un campo de batalla. Mientras tanto, México ha exigido respeto y ha activado canales diplomáticos para proteger a sus ciudadanos detenidos en los operativos.
¿Quién gana con el caos?
Mientras el presidente Trump se aferra a su retórica de “ley y orden”, y los demócratas acusan al Gobierno federal de provocar deliberadamente a las comunidades migrantes, el país se polariza cada vez más. ¿Son las protestas una legítima defensa de los derechos humanos o una operación política encubierta para desacreditar al mandatario?
La pregunta sigue abierta, pero sus implicaciones son profundas. En el fondo, lo que está en juego no solo es la política migratoria de Estados Unidos, sino el modelo de democracia, protesta y soberanía que regirá en los años por venir.