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México enfrenta una grave crisis de abuso sexual infantil, con más de 4.5 millones de menores afectados cada año, lo que coloca al país en el primer lugar de incidencia en este delito a nivel mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Senado de la República.
La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) ha documentado, este año, casos de violencia extrema y abuso sexual en 18 escuelas preescolares de diversas entidades, incluyendo Ciudad de México, Jalisco, Baja California, y Oaxaca. Según el reporte titulado Es un secreto: La explotación sexual infantil en escuelas, el abuso ha sido perpetrado por maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia.
El informe revela que los abusos incluyen tocamientos, violaciones, y otras formas de agresión física y psicológica. Las víctimas, de entre 3 y 7 años, han sido agredidas dentro de las escuelas o incluso sacadas de los planteles para ser abusadas en otros lugares. Las autoridades han tomado cartas en el asunto y han solicitado al Ejecutivo Federal realizar una evaluación profunda sobre las medidas para prevenir, identificar, tratar y sancionar la violencia sexual contra niños y adolescentes, reforzando las acciones en los planteles educativos y promoviendo la colaboración interinstitucional.
Este alarmante escenario subraya la urgencia de políticas públicas eficaces que protejan a los menores y garanticen su seguridad en el entorno escolar.