De los 13 jueces de distrito en Puebla cuyos cargos serán sometidos a votación en junio de 2025, al menos cinco enfrentan cuestionamientos por resoluciones controvertidas, algunas de las cuales favorecieron a agresores de periodistas, desestimaron violaciones a derechos indígenas o beneficiaron a figuras como el empresario Kamel Nacif y el exgobernador Mario Marín Torres.
El proceso de elección forma parte de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), recientemente aprobada, que permitirá que jueces y magistrados sean electos mediante el voto popular. El Senado llevó a cabo el primer sorteo para determinar los cargos que se votarán en 2025 y en las elecciones federales de 2027. En Puebla, se elegirán 13 jueces de distrito y 17 magistrados de circuito.
Uno de los casos más notorios es el del juez Miguel Arroyo Herrera, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, quien en 2020 otorgó un amparo que permitió descongelar las cuentas bancarias de Kamel Nacif y Mario Marín, ambos con órdenes de aprehensión: Nacif, por lavado de dinero y explotación infantil; Marín, por tortura contra la periodista Lydia Cacho. Asimismo, Arroyo Herrera negó un amparo contra el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, pese a denuncias de violaciones a los derechos de comunidades totonacas.
Otra figura relevante es la juez Daisy Oclica Sánchez, actual titular del Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, quien en 2020, como magistrada, negó la protección federal al presunto narcotraficante Jesús Alfredo Salazar Ramírez, “El Muñeco”, solicitada para evitar su extradición a Estados Unidos.
Por su parte, la juez Lidia Antonio Sánchez, también del Centro de Justicia Penal Federal, ha sido señalada por su actuación en el caso de seis funcionarios de Izúcar de Matamoros, acusados de agredir y torturar a dos periodistas. Aunque vinculó a proceso a los implicados, no dictó prisión preventiva y fue acusada de dilatar las audiencias.
En otros casos, el juez Julio César Márquez Roldán, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, atendió la denuncia por tortura del exsecretario de Medioambiente estatal, Francisco Castillo Montemayor. También destaca el juez Hipólito Alatriste Pérez, quien ordenó la restitución de Beatriz Pérez Fragoso como regidora en San Pedro Cholula.
Los antecedentes de los jueces que serán sometidos al escrutinio público en 2025 ponen en evidencia los retos y tensiones que implica la apertura del Poder Judicial a la elección popular, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas serán cruciales para legitimar el proceso.