CIUDAD DE MÉXICO.– La reciente explosión de una pipa de Gas LP en la alcaldía Iztapalapa, que hasta ahora ha dejado diez personas muertas y más de 50 heridas, evidenció una vulnerabilidad estructural de la capital y del país: la enorme dependencia de un combustible altamente riesgoso para el abastecimiento urbano.
En México, 77% de los hogares se abastecen de Gas LP mediante un sistema que depende de miles de camiones circulando por calles y avenidas para rellenar tanques en azoteas y patios. Ello, pese a que el país cuenta con reservas probadas de gas natural para 21 años, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“Cada vez que manejo detrás de esos camiones siento inseguridad. Es un método ineficiente y peligroso para ciudades densas como la CDMX, y una paradoja para un país con tantos recursos”, señaló en entrevista con LPO Óscar Ocampo, coordinador del área de energía del IMCO.
Actualmente, apenas 8.6% de los hogares están conectados a una red de gas natural por tubería. La cobertura es desigual: mientras en el noreste llega a 30% de las viviendas, en el sureste apenas alcanza 1.8%. En la zona centro, donde se ubica la capital, sólo 11.8% de los hogares cuenta con esta infraestructura.
Aunque la red troncal de gas natural ya existe en la CDMX, el acceso se frena en la llamada “última milla”. Entre los obstáculos están los permisos vecinales para las conexiones y la resistencia de la poderosa industria del Gas LP, que mueve un mercado estimado en 9,000 millones de dólares anuales.
Vecinos consultados mencionan argumentos en contra de la red de gas natural: el costo inicial de la conexión, supuesta fragilidad ante los sismos y el riesgo de fugas difíciles de detectar. Sin embargo, especialistas apuntan a que estas percepciones forman parte de una “campaña del miedo” impulsada por el sector del Gas LP, que históricamente ha frenado el avance de la competencia.
Los antecedentes refuerzan esta hipótesis: en 2013, empresas de gas natural denunciaron amenazas, agresiones e incluso secuestros exprés contra trabajadores, presuntamente vinculados a intereses del sector GLP. En ese periodo eran comunes las protestas vecinales encabezadas por camiones con letreros de “No al gas natural”.
Diversos estudios sostienen que el gas natural es más seguro porque se distribuye en tuberías cerradas, sin tanques expuestos; además, produce menos emisiones contaminantes y permite un suministro continuo. También representa un ahorro para las familias.
En Azcapotzalco, por ejemplo, un vecino que migró de GLP a gas natural calcula que, pese al gasto inicial de 4,000 pesos por conexión, el consumo mensual de su familia de cinco personas oscilará entre 1,000 y 1,500 pesos, contra los 1,700 pesos bimestrales que pagaba por rellenar su tanque de LP.
“Es otra comodidad, no hay que estar pendiente del tanque ni de cuándo pasa la pipa, pero todo es tardado y caro al principio”, comenta.
El accidente de Iztapalapa no sólo expone la fragilidad de un modelo energético que depende de pipas circulando entre casas y avenidas, sino que abre un debate sobre el rezago en la expansión del gas natural en México y los intereses que lo han bloqueado.