Puebla, Pue. — Trece de los diputados que integraron la LVIII Legislatura local y que entre 2012 y 2013 aprobaron la Ley de Agua del Estado de Puebla y reformas posteriores que abrieron paso a la privatización del servicio en la capital y su zona conurbada, encontraron posteriormente espacios dentro del movimiento de la llamada cuarta transformación.El 14 de diciembre de 2012, el Congreso local avaló por unanimidad la nueva legislación en la materia, la cual incluyó un capítulo relativo a la “participación del sector social y privado”, permitiendo la contratación de empresas particulares para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.Meses después, en septiembre de 2013, se aprobó una reforma constitucional mediante la cual el Congreso perdió la facultad de regular las tarifas del servicio y se convirtieron en créditos fiscales los adeudos por consumo de agua. Para esa modificación se requirió mayoría calificada; no obstante, nueve de los 13 diputados del PRI votaron en contra, al señalar que inicialmente desconocían el alcance privatizador de la reforma aprobada en 2012, la cual —según versiones posteriores— fue votada en fast track bajo la premisa de tratarse de ajustes administrativos.Durante los últimos años, distintos gobiernos emanados de Morena han planteado la posibilidad de rescindir el contrato con la empresa Concesiones Integrales, sin que hasta ahora se haya concretado.Trayectorias políticasEntre los exlegisladores que posteriormente ocuparon cargos dentro de administraciones vinculadas a la 4T se encuentra Denisse Ortiz Pérez, entonces diputada del Partido Acción Nacional, quien durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta se desempeñó como directora del Sistema Estatal DIF.Edgar Salomón Escorza, exdiputado del Partido Revolucionario Institucional, actualmente funge como asesor de Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del estado.Lauro Sánchez López, también exlegislador priista, ocupa la dirección de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE) en la administración de Alejandro Armenta Mier.Por su parte, Guillermo Aréchiga Santamaría, quien integró la bancada panista, fue secretario de Movilidad y Transporte durante el mandato de Barbosa Huerta.José Juan Espinosa Torres, exdiputado de Convergencia —hoy Movimiento Ciudadano— fue posteriormente diputado local por el Partido del Trabajo en la LX Legislatura (2018-2021), antes de romper con la 4T y reincorporarse al PRI tras investigaciones por presunta corrupción.Eric Cotoñeto Carmona, entonces integrante de la fracción del PAN aunque militante del PRD, defendió en tribuna las reformas y más tarde fue operador político cercano a Barbosa. Actualmente se desempeña como director de Construcción Ciudadana y Participación Social en la Secretaría de Gobernación estatal.Otro caso es el de José Antonio Gali López, exdiputado del PRD, hoy diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena. Es hijo del exgobernador José Antonio Gali Fayad, durante cuyo mandato se consolidó el modelo de concesión del servicio.Héctor Alonso Granados, entonces legislador de Nueva Alianza, fue posteriormente diputado local por Morena, aunque en 2019 fue expulsado del partido tras expresiones misóginas durante el debate sobre la despenalización del aborto.Felipe David Espinoza Rodríguez, exdiputado del PRI, actualmente encabeza el Instituto Poblano de Atención al Migrante. Jesús Vázquez Viveros se desempeña como director jurídico de Museos de Puebla; Hugo Alejo Domínguez participó en la campaña de Barbosa en 2019; Jorge Luis Coriche Avilés ocupa un cargo en el Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano; y Enrique Nacer Hernández es subdirector general de Prestaciones Económicas y Sociales del ISSSTEP.Defensa en el CongresoCuestionado sobre la presencia de Edgar Salomón como asesor en un Congreso con mayoría de Morena, Pavel Gaspar sostuvo que su incorporación respondió a razones “humanas” más que políticas.El legislador explicó que el exdiputado enfrentó un problema de alcoholismo y que su experiencia puede contribuir al diseño de políticas públicas para apoyar a jóvenes con situaciones similares.“No es un tema de que él es morenovallista o yo morenista, sino de humanidad”, expresó.
El debate sobre la privatización del agua en Puebla se mantiene vigente, mientras el Congreso local y el gobierno estatal continúan analizando alternativas para modificar o cancelar el modelo de concesión vigente.