Buenos Aires, Argentina. La promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente argentino, Javier Milei, derivó en un escándalo internacional que, según reportes periodísticos, dejó alrededor de 75 mil personas afectadas en distintos países y pérdidas estimadas en hasta 280 millones de dólares.
De acuerdo con el diario Página12, el mandatario impulsó la compra del activo digital el 14 de febrero del año pasado. Sin embargo, minutos después de alcanzar un alza significativa en su cotización, la criptomoneda se desplomó, generando pérdidas masivas entre quienes siguieron la recomendación.
Contrato bajo confidencialidad
Investigaciones periodísticas revelaron la existencia de un presunto contrato firmado el 29 de enero de 2025 entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, quien habría sido designado asesor del Estado argentino en materia de blockchain e inteligencia artificial bajo una cláusula de confidencialidad. La transcripción del documento fue difundida por el periodista Mariano Vidal, del diario Clarín.
Especialistas también identificaron transferencias millonarias realizadas por Davis hacia intermediarios argentinos en fechas clave. Según los reportes, el empresario reconoció tener bajo su control alrededor de 100 millones de dólares provenientes de inversionistas argentinos, a la espera de instrucciones sobre su destino.
Esquema de la operación
Analistas financieros describieron el mecanismo como una “memecoin”, un tipo de criptomoneda creada sin respaldo económico real y cuyo valor depende exclusivamente de la especulación. El proceso consistió en generar el activo digital, inflar su precio mediante la promoción pública de una figura de alto perfil y posteriormente liquidar posiciones estratégicamente antes del desplome.
Cuando la caída se hizo evidente, Milei negó cualquier vinculación directa con el emprendimiento privado, aseguró no tener conocimientos técnicos sobre criptomonedas y eliminó la publicación en la que promovía el activo.
Denuncias y proceso judicial
El caso derivó en múltiples denuncias penales en Argentina y en investigaciones preliminares en tribunales federales de Estados Unidos. No obstante, el avance judicial ha sido cuestionado por representantes legales de las víctimas.
El abogado Nicolás Oszust, quien representa a uno de los damnificados, señaló que el proceso ha sido “lento y lleno de trabas”, pese a la magnitud del presunto fraude y al volumen de pruebas disponibles.
Entre los puntos señalados destaca que dispositivos electrónicos incautados a intermediarios desde marzo del año pasado aún no han sido peritados oficialmente, lo que ha retrasado el esclarecimiento de responsabilidades.
El escándalo ha impactado la imagen internacional del gobierno argentino y reabierto el debate sobre la regulación de criptoactivos, la responsabilidad de figuras públicas en la promoción de inversiones y la protección legal de los pequeños inversionistas ante esquemas de alta volatilidad y riesgo.