En un operativo de alto impacto realizado en cuatro estados del país, el gabinete de seguridad federal anunció este domingo la desarticulación de una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y venta ilegal de hidrocarburos en el centro del país. La acción, que culmina seis meses de investigaciones, dejó 32 detenidos —incluidos los líderes del grupo— y reveló una red criminal con presunta protección institucional en los tres niveles de gobierno.
La operación, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y encabezada por su titular Omar García Harfuch, se ejecutó simultáneamente en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro e Hidalgo. De acuerdo con el funcionario, el desmantelamiento “reafirma el compromiso de este gobierno en la lucha contra la impunidad”, aunque reconoció la gravedad del involucramiento de funcionarios públicos.
¿Quiénes son los líderes del grupo?
Según la SSPC, el grupo delictivo estaba encabezado por Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, y Luis Miguel Ortega Maldonado, alias El Flako de Oro. Ambos operaban una red especializada en la perforación de ductos de Pemex para extraer gasolina y gas LP, que posteriormente almacenaban en bodegas y distribuían ilegalmente, incluso a gasolineras con fachada legal.
La detención de Don Checo, realizada en Ixtlahuaca, Estado de México, representa un golpe estratégico, ya que también contaba con una orden de aprehensión previa por delincuencia organizada. Tan solo en esa localidad se detuvo a 15 personas y se realizaron cuatro cateos simultáneos.
La red detrás del negocio: vehículos, armas y corrupción
Los hallazgos del operativo son reveladores: se aseguraron 12 inmuebles, 21 tractocamiones, 14 semirremolques, ocho pipas, 48 vehículos —algunos blindados—, 36 armas de fuego, grandes cantidades de combustible robado, casi 16 millones de pesos en efectivo y hasta animales exóticos, puestos a disposición de la Profepa. También fueron clausuradas dos tomas clandestinas y una bodega de almacenamiento.
“Concluimos la primera fase del operativo”, informó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, al detallar que los bienes asegurados serán sujetos a procesos de extinción de dominio. Al ser cuestionado sobre la red de protección oficial, se limitó a decir que las investigaciones siguen en curso y que “habrá consecuencias”.
Un golpe, pero no una solución
Si bien el gobierno ha presentado la operación como un éxito, las implicaciones son inquietantes. El reconocimiento de que la organización criminal contaba con respaldo de autoridades federales, estatales y municipales revive una vieja herida en México: la colusión entre el crimen organizado y el Estado.
La magnitud de la estructura logística y financiera desmantelada deja en evidencia que el robo de hidrocarburos —una actividad que ha causado pérdidas millonarias a Pemex y ha puesto en riesgo a comunidades enteras— sigue siendo una industria paralela, sofisticada y con anclaje institucional.
¿Y la rendición de cuentas?
Lo que sigue será crucial. Si el gobierno quiere demostrar que su lucha contra el crimen es estructural y no meramente reactiva, deberá procesar no solo a los operadores criminales, sino también a los funcionarios que facilitaron su operación. De lo contrario, este golpe se leerá como una excepción en un sistema donde las redes de impunidad siguen intactas.
Mientras tanto, la sociedad mexicana asiste a una paradoja: el Estado presume sus éxitos contra el crimen organizado, pero en el fondo, sigue sin poder (o sin querer) extirparlo de sus propias entrañas.