La trata de personas en Puebla continúa creciendo pese a un entramado institucional frágil, descoordinado y marcado por omisiones, señala el reciente informe Situación de la trata de personas en Puebla 2015–2022 elaborado por el IDHIE de la IBERO Puebla. El estudio advierte que, por cada víctima identificada, podrían existir hasta 20 más invisibles para el Estado, lo que evidencia la profundidad de un delito que opera en la sombra y con altos niveles de impunidad.
Entre 2015 y 2022, las autoridades iniciaron 257 carpetas de investigación y detectaron 280 víctimas, en su mayoría mujeres y menores de edad. Sin embargo, solo 52 sentencias condenatorias se emitieron en ese periodo, lo que revela que solo una de cada cuatro investigaciones llega a una resolución judicial. A ello se suman problemas estructurales como la ausencia de albergues estatales, un fondo para víctimas que no se utiliza y una Comisión Interinstitucional que no sesiona conforme a la ley.
El informe también documenta un vínculo alarmante entre trata y desaparición: municipios como Puebla, Tehuacán e Izúcar de Matamoros concentran denuncias de ambos delitos, aunque solo dos casos oficiales han mostrado conexión directa. Para el IDHIE, esto expone fallas en la coordinación investigativa y una falta de “diligencia reforzada” frente a un fenómeno criminal complejo y estructural.
Ante este panorama, el estudio presenta 21 recomendaciones, entre ellas la creación de refugios especializados, el fortalecimiento del análisis de contexto, la adopción de un Programa Estatal contra la Trata y la mejora en la atención de víctimas, especialmente niñas, niños y mujeres. El IDHIE subraya que Puebla cuenta con leyes adecuadas, pero carece de la acción, presupuesto y voluntad política necesarios para detener un delito que sigue creciendo al amparo de la impunidad.