El Rancho Izaguirre, una propiedad rural situada a las afueras del municipio de Teuchitlán, ha sido señalado por colectivos de familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos como un posible centro de exterminio utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró recientemente que no existen pruebas concluyentes que permitan afirmar que en ese lugar se llevaron a cabo cremaciones humanas.
Durante una conferencia de prensa, Gertz enfatizó que los análisis periciales realizados por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no encontraron evidencia de temperaturas superiores a los 200 grados Celsius en las zonas donde se reportaron fogatas o zanjas. Esa cifra está muy por debajo de los 800 grados necesarios para incinerar un cuerpo humano, lo que, según el fiscal, refutaría la teoría de que Rancho Izaguirre haya funcionado como un sitio de exterminio sistemático.
Sin embargo, la versión oficial dista mucho de cerrar el caso. Al contrario, ha abierto nuevas interrogantes sobre la actuación de las autoridades locales, las técnicas de ocultamiento utilizadas por el crimen organizado y la fragmentación institucional en el tratamiento forense de los restos hallados.
Un centro de entrenamiento del CJNG. Lo que sí ha sido confirmado por la Fiscalía General de la República (FGR) es que Rancho Izaguirre era utilizado como un centro de reclutamiento y entrenamiento por el CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas del hemisferio occidental. Según Gertz, desde 2021 se tenía conocimiento por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco de las actividades criminales en la propiedad, pero no se actuó en consecuencia.
“La omisión de las autoridades locales durante años es inaceptable”, subrayó el fiscal. Actualmente hay 13 personas procesadas judicialmente, incluyendo a elementos de la policía municipal de Tala, un municipio vecino, lo que apunta a una posible red de complicidad o encubrimiento institucional.
Además, la FGR ha extendido las investigaciones hacia el Rancho De la Vega, ubicado a solo siete kilómetros del Izaguirre, como otro presunto centro de operaciones del CJNG. Las investigaciones contemplan a todos los cuerpos de seguridad municipales de la región, ante la sospecha de vínculos con la organización criminal.
