La polémica Ley de Ciberasedio en Puebla ha encendido las alertas de académicos, activistas y ahora también de partidos políticos. Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, anunció que su partido respaldará formalmente una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma, en apoyo a la iniciativa promovida por el doctor Luis Enrique Sánchez, investigador de la BUAP.
Sánchez lanzó una petición en Change.org que ya suma más de 7,800 firmas y que denuncia que el Congreso local ignoró por completo las voces ciudadanas expresadas en dos foros recientes. La queja central es que la ley, lejos de proteger a víctimas de violencia digital, puede usarse para perseguir y silenciar a quienes critiquen a funcionarios o gobiernos, por su redacción ambigua y la falta de definiciones claras en el artículo 480 del Código Penal.
“El Congreso no nos escuchó y como ciudadanos no podemos presentar una acción de inconstitucionalidad. Necesitamos el respaldo de la CNDH o de un partido político”, explicó el académico en entrevista con Azucena Uresti. Fue ahí donde el dirigente del PAN ofreció su respaldo: “Si ya tienen la acción redactada, hoy mismo la podemos interponer”, afirmó.
Esta ley permitiría castigar con hasta tres años de cárcel a quien emita expresiones que alguien más considere ofensivas, lo que abre la puerta a la censura de comunicadores, activistas y ciudadanos críticos. Por eso, quienes impulsan su derogación insisten en que se trata de una amenaza directa contra la libertad de expresión. Ahora, el debate llega a la Suprema Corte de Justicia, donde se definirá si esta reforma puede seguir vigente o será declarada inconstitucional.