En México, buscar a un ser querido desaparecido se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Desde hace más de una década, colectivos de madres buscadoras recorren desiertos, cerros y basureros en busca de rastros de sus hijos, enfrentando no sólo el dolor de la pérdida sino también amenazas, criminalización y asesinatos. Esta crisis humanitaria, que se ha intensificado con el paso de los años, ha llevado recientemente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a emitir un pronunciamiento urgente, exigiendo protección para quienes ejercen esta labor de búsqueda y verdad.
Un movimiento surgido del abandono estatal. El fenómeno de las madres buscadoras surgió como respuesta a la inacción del Estado mexicano frente a la creciente ola de desapariciones, intensificada tras el inicio de la «guerra contra el narcotráfico» en 2006. Colectivos como el Colectivo Solecito en Veracruz, las Madres Buscadoras de Sonora, y las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León son algunos de los grupos más emblemáticos.
Sin formación forense ni apoyos gubernamentales, estas mujeres comenzaron a realizar rastreos, identificaciones preliminares y presión social para exigir justicia. Su labor ha permitido el hallazgo de miles de restos humanos en fosas clandestinas, en acciones que, paradójicamente, deberían corresponder a las autoridades.
Violencia contra quienes buscan. El asesinato de María del Carmen Morales, ocurrido el 18 de abril de 2025 en Tlajomulco, Jalisco, junto a su hijo Jaime, puso nuevamente en evidencia los riesgos que enfrentan las madres buscadoras. Morales había descubierto el Rancho Izaguirre, un campo de entrenamiento criminal donde se localizaron fosas clandestinas.
La respuesta internacional fue inmediata. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron el crimen y exigieron una investigación pronta y efectiva. En un comunicado reciente, la ONU advirtió que:
«La violencia sistemática contra personas buscadoras en México constituye un ataque directo al derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, pilares esenciales del Estado de derecho.»
El organismo también señaló que esta situación podría implicar violaciones graves a tratados internacionales firmados por México, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.