El poder y la impunidad en Jalisco: El caso del alcalde de Teuchitlán y el CJNG

El arresto de José Ascensión «Chon» Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es un golpe devastador para la credibilidad política en Jalisco y un reflejo crudo de la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de participar en desapariciones forzadas, reclutamiento de sicarios y manejo de fosas clandestinas, crímenes que no podrían haberse perpetrado sin una red de complicidad y omisión desde las estructuras estatales.

Este caso no es un hecho aislado, sino parte de un esquema más amplio donde el crimen y el poder político convergen en un mismo interés: el control territorial y el sometimiento de la población. La pregunta que surge, entonces, es clara: ¿cuánto poder real ejerce el CJNG sobre los municipios de Jalisco, y hasta dónde llega su influencia en las instituciones públicas?

El rostro de la complicidad política. Murguía Santiago no era un desconocido en el ámbito político. Miembro del partido Movimiento Ciudadano (MC), gobernó Teuchitlán desde 2021 y fue reelecto en 2024, con el respaldo de figuras clave como Enrique Alfaro y Pablo Lemus, quienes lo llamaban «amigo». Esa cercanía, lejos de ser un símbolo de confianza, se revela ahora como un síntoma de un entramado más profundo de complicidad y permisividad.

La existencia de una orden de arresto desde marzo de 2024, ignorada por las autoridades estatales, expone una falla deliberada en los mecanismos de justicia. La FGR tuvo que intervenir sin notificación previa al gobierno estatal para evitar filtraciones, un indicio alarmante de que las instituciones locales podrían estar infiltradas o, en el mejor de los casos, paralizadas por el miedo.

Rancho Izaguirre: El infierno en la periferia. El Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, funcionaba como un centro de operaciones del CJNG, donde se reclutaban y entrenaban sicarios. Las declaraciones de testigos describen el lugar como un territorio sin ley, en el que incluso el alcalde participaba en reuniones para discutir desapariciones y secuestros. Un testigo protegido aseguró que Murguía ordenó reabrir fosas para incinerar cadáveres desmembrados, contradiciendo lo que el fiscal Alejandro Gertz Manero había afirmado en un inicio.

La existencia de fosas clandestinas en un territorio controlado por un alcalde en funciones no solo es una muestra de la barbarie del narcotráfico, sino de la permisividad gubernamental. En este sentido, la línea que divide al Estado del crimen parece haberse borrado por completo en Teuchitlán.