La llegada de Alejandro Gertz Manero, junto con el cambio de “régimen” y la carga simbólica que Andrés Manuel López Obrador traía consigo, auguraba una transformación profunda en el combate a la impunidad y la construcción de una nueva cultura política frente a las contradicciones estructurales que la corrupción había enraizado en el sistema político mexicano.
Sin embargo, siete años después, hemos sido testigos de un deterioro en el acceso a la justicia y en la persecución de los grandes problemas nacionales. El fiscal operó como un funcionario fantasma al frente del máximo órgano federal encargado de procurar justicia. De las 499 mil 801 carpetas de investigación iniciadas, solo 15 mil 595 fueron judicializadas 8 mil 664 sin detenido y no se emprendió ninguna acción contundente en casos emblemáticos como Odebrecht, Segalmex, la Estafa Maestra, el robo de combustible, el huachicol fiscal o los miles de fosas clandestinas que siguen apareciendo en todo el país.
En contraste, el fiscal utilizó el aparato coercitivo de la Fiscalía General de la República para fines personales, como ocurrió en el polémico proceso contra Alejandra Cuevas Morán, a quien intentó encarcelar acusándola de ser corresponsable de la muerte de su hermano, Federico Gertz Manero.
Ante este historial desastroso, todo indica que su salida fue abrupta y motivada por presiones políticas del Ejecutivo, que requiere mostrar resultados para mantener su legitimidad ante un cierre de año caótico, marcado por carreteras tomadas por transportistas y campesinos, así como por una violencia intransigente que afecta a un tercio del territorio nacional.
Sin duda, se espera que el golpe de timón sea contundente. El país exige justicia.