El asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido el pasado 1 de noviembre, elevó a 57 el número de ediles asesinados en México desde el inicio del gobierno de Morena en 2018. La ejecución del edil, presuntamente a manos de un sicario vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), evidencia la persistente infiltración del crimen organizado en el ámbito municipal.
De acuerdo con registros de Etellekt, Ciudadanos Observando y medios nacionales, 47 alcaldes fueron asesinados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 18 de ellos electos y 29 en funciones. Los estados más violentos fueron Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde confluyen disputas entre grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas y a la extorsión.
La violencia se ha mantenido durante la administración de Claudia Sheinbaum, que acumula 10 ediles asesinados en apenas 13 meses, superando el promedio anual del sexenio anterior. Entre los casos recientes destacan los homicidios de Alejandro Arcos Catalán, de Chilpancingo; Román Ruiz Bohórquez, de Candelaria Loxicha; y Martha Laura Mendoza, de Tepalcatepec, además de la reciente ejecución de Manzo Rodríguez.
El patrón común de los asesinatos involucra disputas territoriales, amenazas previas y zonas donde operan células de La Familia Michoacana, CJNG, Viagras y Cárteles Unidos. Los crímenes reflejan la fragilidad de los gobiernos locales frente a los intereses del narcotráfico y la falta de protección institucional hacia las autoridades municipales.
Organizaciones civiles advierten que la violencia política en el ámbito local se ha normalizado, debilitando la gobernabilidad y erosionando la democracia en regiones rurales y marginadas del país.