 se deslindó de investigar posibles vínculos entre candidatos judiciales y el crimen organizado, argumentando que esta labor corresponde a otras autoridades como el Tribunal Electoral y dependencias de seguridad. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, aclaró que el INE solo recibió los listados de candidatos enviados por el Senado y que estos firmaron una carta bajo protesta de decir verdad. Sin embargo, organizaciones civiles han denunciado que al menos once aspirantes tienen nexos con el narcotráfico o grupos sectarios, lo que ha generado preocupación por la falta de mecanismos claros para garantizar la legitimidad democrática en el Poder Judicial.){kind=link}
En medio de un proceso inédito en la historia político-electoral del país —la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros—, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido marcar un límite claro a sus competencias. Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del organismo, aseguró que investigar posibles nexos de candidatos judiciales con el crimen organizado no es atribución del INE, sino del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y otras autoridades competentes en materia de seguridad.
La declaración llega en un momento especialmente delicado, cuando organizaciones de la sociedad civil y expertos en litigio electoral han alertado sobre la presencia de al menos once aspirantes con posibles vínculos con el narcotráfico o con grupos religiosos sectarios como “La Luz del Mundo”. El vacío institucional que deja esta postura ha encendido señales de alarma sobre la solidez de los mecanismos de control democrático y el peligro de que el crimen organizado se infiltre en una de las instituciones más estratégicas del Estado: el Poder Judicial.
“No nos compete”: el deslinde del INE. Durante una conferencia de prensa celebrada esta semana, Taddei fue enfática: “En ese tema lo hemos venido dejando muy en claro, efectivamente, no le compete al INE”. Según explicó, la tarea del Instituto en este proceso comenzó únicamente a partir de la recepción de los listados de candidatos que envió el Senado de la República. Además, aclaró que los registros no fueron realizados por el órgano electoral, sino por las instancias legislativas encargadas de evaluar los perfiles.
“Cuando te apegas a lo que marca la ley no cometes errores”, sentenció la consejera presidenta, deslindando así al INE de toda responsabilidad directa en la selección y validación de las candidaturas judiciales. Aseguró también que, como parte del procedimiento, los candidatos entregaron una carta firmada bajo protesta de decir verdad, en la cual afirmaban no estar involucrados en hechos delictivos ni tener vínculos con el crimen organizado. No obstante, reconoció que ahora se les solicitarán documentos adicionales que respalden dicha manifestación.
Denuncias sobre vínculos criminales: una alerta ignorada. El pasado miércoles, el INE recibió las primeras denuncias formales contra once candidatos judiciales. Las acusaciones, presentadas por la organización “Laboratorio Electoral. Clínica de Litigio Electoral”, apuntan a presuntos nexos con el crimen organizado y con la iglesia “La Luz del Mundo”, cuyo líder está condenado por abuso sexual infantil en los Estados Unidos.