Las desapariciones en México son una crisis que no puede ser ignorada. Cada persona desaparecida representa una familia rota, una comunidad en desesperación, y un país que sigue esperando respuestas. Sin embargo, el Estado, lejos de asumir su responsabilidad, ha permitido que este problema se convierta en un tema de disputa política, desviando la atención de lo realmente urgente: encontrar a las personas desaparecidas y evitar que ocurran más casos.
El caso Teuchitlán es un claro ejemplo de cómo se ha politizado este dolor. Más allá de las críticas entre gobierno y oposición sobre la veracidad de la información, lo esencial es que las desapariciones ocurren todos los días, con o sin errores periodísticos. En lugar de una guerra de discursos, lo que México necesita son respuestas efectivas y la movilización inmediata de las autoridades. Los medios de comunicación tienen un papel crucial en esto, ya que deben informar con claridad, sin especulaciones ni distorsiones, para que las familias puedan encontrar respuestas y no se les sume más confusión en su búsqueda.
Este problema no es nuevo. La desaparición de personas es el resultado de un Estado que ha fallado en garantizar seguridad, justicia y derechos básicos. La pobreza, la violencia del crimen organizado y la corrupción en las instituciones crean un círculo vicioso que fomenta las desapariciones. Sin una atención seria a estas causas estructurales, las soluciones seguirán siendo temporales y los pronunciamientos oficiales, vacíos.
Es urgente que el enfoque cambie. Las fiscalías deben actuar con rapidez y seriedad desde el primer momento en que alguien es reportado como desaparecido. No hay tiempo que perder. Es inadmisible que la burocracia, la negligencia y la falta de coordinación sigan retrasando las búsquedas. El Estado tiene la obligación de actuar con recursos, protocolos claros y un compromiso genuino con la verdad y la justicia.
La sociedad debe exigir respuestas. Si hemos logrado transformar el panorama político con organización y lucha, podemos hacer lo mismo para exigir justicia por las desapariciones. No podemos normalizar este horror ni esperar a ser víctimas para actuar. Las desapariciones no deben ser un tema de política, sino un tema de derechos humanos, donde las víctimas y sus familias reciban la atención que merecen.