En un movimiento que sacude los cimientos de la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández ha renunciado a la coordinación de Morena en el Senado, dejando su oficina en manos de Ignacio Mier Velazco. Lo que el oficialismo vende como un relevo estratégico para fortalecer la presencia territorial del partido, la oposición lo lee como el inicio de una «operación cicatriz» forzada. Al parecer, la gestión de López Hernández, marcada por la mano dura para imponer el «Plan C», habría agotado los canales de diálogo, obligando a un repliegue táctico hacia la organización electoral de cara a los comicios federales de 2027.
Ignacio Mier asume no solo el control de la bancada mayoritaria, sino también la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), un puesto clave para el futuro de las reformas constitucionales pendientes. Su llegada, aprobada por unanimidad, busca proyectar una imagen de unidad inquebrantable que oculte las grietas internas. Sin embargo, el reto es mayúsculo: hereda un Senado polarizado donde el «Plan C» ya no es solo una propuesta, sino un mandato institucional que debe ejecutarse bajo una vigilancia social y política sin precedentes.
El mensaje de Adán Augusto es claro: no se retira, se despliega. Al conservar su escaño pero volcarse al «fortalecimiento político y territorial», el exsecretario de Gobernación se convierte en el brazo ejecutor de Morena fuera de los recintos legislativos. Esta decisión sugiere que el partido en el poder ha detectado focos rojos en su estructura de base que requieren una atención inmediata. Para muchos, este es el inicio formal de la campaña 2027, donde la meta no es solo ganar, sino consolidar un control absoluto que hoy parece depender de un hilo.
Por su parte, Ignacio Mier ha delineado una hoja de ruta que prioriza la cohesión con sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde. La misión es evitar cualquier fuga de votos en el bloque oficialista que ponga en riesgo la mayoría calificada. Entre los temas prioritarios en su agenda destaca la reforma político-electoral, un proyecto que promete ser el próximo gran campo de batalla y que requerirá de una destreza parlamentaria que sus críticos dudan que pueda mantener sin el respaldo coercitivo que ofrecía su antecesor.
El trasfondo de este relevo es la supervivencia del proyecto de la Cuarta Transformación tras la era de consolidación legislativa. Con la mira puesta en las gubernaturas y la renovación parlamentaria de 2027, el movimiento se divide funciones: uno opera en el territorio y el otro administra el poder en las cámaras. Esta bicefalia estratégica busca blindar la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también revela la urgencia por profesionalizar la operación electoral ante un panorama político que se torna cada vez más hostil.