Aunque el abatimiento de El Mencho —líder del CJNG— representa un triunfo operativo para México y mejora la posición negociadora del Gobierno de Claudia Sheinbaum, expertos señalan que este resultado no garantiza una estabilidad prolongada ni un efecto definitivo contra la violencia criminal.
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en un operativo militar en Jalisco ha sido presentada por autoridades como un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado y un mensaje de capacidad operativa del Estado mexicano.
Analistas coinciden en que este golpe contra la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) puede reforzar la posición política y negociadora de la presidenta Claudia Sheinbaum en foros diplomáticos y en la relación con Estados Unidos, donde el combate a los grupos delictivos ha sido un eje de presión por parte del gobierno de Donald Trump.
Sin embargo, asesores de seguridad y académicos advierten que la eliminación de un líder criminal de alto perfil no equivale necesariamente a la desarticulación de la organización ni a la pacificación inmediata de territorios bajo influencia del CJNG. Experiencias previas en México han mostrado que la muerte o captura de cabecillas puede dar paso a fragmentación interna del cártel, reacomodo de células o ascenso de nuevos líderes violentos, prolongando la inseguridad y generando dinámicas de conflicto que complican una salida definitiva a largo plazo.
Además, la reacción violenta observada tras el operativo, que incluyó bloqueos, enfrentamientos y daños a infraestructura en varios estados, resalta la fragilidad de un impacto exclusivamente simbólico o puntual en la seguridad pública, subrayando la necesidad de estrategias integrales que combinen inteligencia, desarrollo institucional y social para gestionar las consecuencias de este tipo de acciones.
En ese contexto, la operación representa un hito estratégico en la política de seguridad del país, pero todavía enfrenta incertidumbres importantes respecto a su efecto duradero sobre la violencia estructural, la persistencia de redes delictivas y la percepción de seguridad de la población.