El Valle de Puebla enfrenta un escenario crítico de disponibilidad hídrica: para 2030, el 40 % de su población podría quedarse sin agua, advirtió el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla (Cicepac). Con base en datos de la CONAGUA, el organismo señaló que el acuífero de la región pasó de 44 millones de metros cúbicos en 2015 a solo 18 millones en 2023. Un modelo matemático proyecta un déficit anual de –406 hectómetros cúbicos en siete años, afectando directamente a 1 millón 263 mil habitantes de Puebla, Cuautlancingo, Coronango, Ocoyucan, Amozoc y San Pedro Cholula.
El impacto también alcanzará al sector agrícola, que perderá capacidad de riego para 1 800 hectáreas por una reducción de 1 871 litros por segundo, y a la industria, que dejará de recibir mil litros por segundo, lo que compromete la instalación de empresas en polos estratégicos impulsados por el Gobierno estatal. Los especialistas del Cicepac consideraron urgente reducir la extracción, controlar pozos clandestinos, reutilizar agua industrial y reparar una red de conducción con fugas estimadas en 40 %.
A la par, organizaciones ciudadanas —Tucop y la Contraloría Autónoma del Agua “Joel Arriaga”— exigieron la revocación de la concesión de Agua de Puebla, argumentando incumplimientos en calidad del servicio, falta de infraestructura y nulo tratamiento de aguas residuales. Rechazaron la afirmación del gobierno estatal de que cancelar la concesión costaría más de 7 mil millones de pesos, al señalar que no existe sustento técnico para esa cifra y que la revocación es posible por incumplimiento contractual. Activistas pidieron evaluar el daño ambiental y sanitario derivado de la operación de la empresa, y exigieron voluntad política para recuperar la rectoría total del recurso hídrico.