A una semana de entrar en funciones, la nueva Suprema Corte de Justicia ya sostuvo intercambios con la embajada de Estados Unidos. Según fuentes consultadas, los ministros garantizaron al embajador Ronald Johnson un férreo control en las excarcelaciones de personas vinculadas al crimen organizado o de interés para Washington.
El mensaje marca el inicio de la presidencia de Hugo Aguilar, en sintonía con la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch, respaldada por EU y avalada públicamente en la reciente conferencia de la fiscal general Pam Bondi.
La promesa de los ministros incluye vigilancia no solo sobre capos, sino también sobre sus familiares y empresarios ligados al narco. En privado, funcionarios del tribunal reconocieron que el objetivo es evitar que en EU se instale la percepción de que la Corte mexicana es un territorio de impunidad.
Para Johnson, el acuerdo también busca calmar al sector empresarial, preocupado por la idea de que en la nueva Corte “será imposible ganarle un caso al Gobierno, especialmente al SAT o a la Sedena”. La señal es clara: la seguridad está por encima de los negocios.
La apuesta de Washington es que sea García Harfuch quien mantenga la interlocución directa con los ministros. En ese tablero, la designación de Néstor Vargas al frente de la administración y presupuesto del tribunal fue leída como un movimiento estratégico, avalado por el propio secretario de Seguridad