Mientras el discurso de austeridad sigue siendo bandera del gobierno federal, el Senado mexicano se desmarca al no reportar ningún ahorro en 2024. En contraste, el Poder Judicial absorbió más del 76% de los recortes presupuestarios del año.
Datos oficiales de la Secretaría de Hacienda revelan que, de los mil 711.6 millones de pesos ahorrados por los poderes públicos y órganos autónomos, el Consejo de la Judicatura Federal fue el protagonista, con más de mil millones recortados. La Suprema Corte y el TEPJF también aportaron, mientras que la Cámara de Diputados sumó apenas 152 millones.
El Senado, por su parte, no redujo ni un peso. A pesar de tener un presupuesto superior a 5 mil millones para 2025, aumentó su gasto en sueldos y prestaciones un 11.8%, destinando más de mil millones en contratos por honorarios.
La política de austeridad, que debería ser un criterio general, se aplicó con desigual intensidad. Órganos como la CNDH y el IFT registraron recortes, mientras en el Senado siguieron fluyendo los recursos para personal transitorio, bonos y estímulos.
¿Austeridad para quién? La pregunta queda abierta mientras una parte del aparato público ajusta el cinturón y otra lo afloja sin consecuencias visibles.