, no permiten deducciones fiscales como a los ciudadanos. A pesar de ello, muchos migrantes siguen pagando impuestos con la esperanza de regularizar su situación en el futuro.){kind=link}
Estados Unidos cobra impuestos a migrantes indocumentados, principalmente mexicanos, sin darles acceso a servicios como la Seguridad Social, Medicare o el seguro de desempleo. Un estudio del Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP) revela que en 2022, los inmigrantes sin papeles pagaron más de 96.7 mil millones de dólares en impuestos, de los cuales 25.7 mil millones fueron para la Seguridad Social, 6.4 mil millones para Medicare y 1.8 mil millones para desempleo, pero no pueden acceder a estos servicios por usar números de seguro social falsos o no válidos.
Los migrantes, como Julián Ramírez, un trabajador mexicano en Atlanta, se ven obligados a pagar impuestos debido a sus condiciones laborales, a pesar de no poder beneficiarse de los servicios a los que contribuyen. Además, el fisco estadounidense permite que usen números de seguro social falsos, facilitando su recaudación pero sin brindarles derechos. Esto es parte de un sistema que ha sido criticado por su «doble moral», ya que aunque los migrantes pagan impuestos, no tienen derecho a los beneficios por los que contribuyen.
El estudio también destaca que los inmigrantes en 40 estados enfrentan tasas impositivas más altas que el 1% más rico de los hogares estadounidenses. A pesar de esta carga, los migrantes continúan pagando con la esperanza de que el cumplimiento fiscal pueda ayudar a regularizar su estatus migratorio.
Este fenómeno también afecta a los trabajadores temporales, principalmente mexicanos, quienes, al igual que los indocumentados, no pueden deducir impuestos y, en su mayoría, no reciben reembolsos. Se estima que el gobierno de Estados Unidos se embolsa mil millones de dólares al año de impuestos no deducidos por estos trabajadores.
El ITEP sugiere que permitir a los inmigrantes obtener permisos de trabajo podría aumentar significativamente sus contribuciones fiscales, calculando que la autorización de trabajo podría incrementar la recaudación en 40 mil millones de dólares al año.