La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura ante la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para detener provisionalmente y solicitar la extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que el gobierno mexicano actuará con apego a la ley, la soberanía nacional y el principio de presunción de inocencia, dejando claro que ninguna acusación procederá sin pruebas contundentes.
Sheinbaum reveló que las solicitudes fueron recibidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente turnadas a la Fiscalía General de la República, instancia que analizará si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento legal conforme al marco constitucional mexicano.
La presidenta cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por autoridades estadounidenses, señalando que hasta ahora únicamente se ha entregado “una hoja de papel” con supuestos registros de sobornos y declaraciones de testigos cuya identidad se desconoce. Reiteró que México no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero enfatizó que no se puede actuar solamente con señalamientos políticos o mediáticos.
Asimismo, subrayó que cualquier procedimiento contra funcionarios en funciones debe respetar el Estado de Derecho y seguir los procesos constitucionales correspondientes, incluido un eventual desafuero. Finalmente, Sheinbaum rechazó cualquier intento de injerencia extranjera y afirmó que la relación con Estados Unidos debe mantenerse bajo principios de cooperación y respeto mutuo.