La reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsada por Claudia Sheinbaum, obtuvo el respaldo de la mayoría de los congresos estatales, por lo que quedó a un paso de entrar en vigor tras completar el proceso constitucional.
El avance de la reforma se consolidó luego de que más de la mitad de los congresos locales aprobaran las modificaciones, requisito indispensable para validar cambios de carácter constitucional en México.
El denominado “Plan B” plantea ajustes en la estructura electoral del país, con el objetivo —según el gobierno federal— de reducir costos, eliminar privilegios y ampliar la participación ciudadana en los procesos democráticos.
Entre los puntos más relevantes se encuentran modificaciones en la integración de órganos electorales, reducción de estructuras administrativas y cambios en reglas relacionadas con representación política, lo que ha generado un amplio debate entre fuerzas políticas.
Mientras el bloque oficialista ha defendido la reforma como un paso hacia un sistema más eficiente y austero, sectores de oposición han advertido riesgos para la autonomía de las instituciones electorales y han cuestionado el alcance de los cambios.
Con el aval de los congresos estatales, la reforma se encuentra en su etapa final, a la espera de su publicación oficial para que entre en vigor, lo que marcaría un nuevo escenario en el sistema electoral mexicano rumbo a los próximos comicios.